Quizás hayas oído hablar de la Ley de ventas a plazos. El «pago a plazos» se refiere a la práctica de pagar una compra en pequeñas cuotas a lo largo del tiempo, en lugar de hacerlo de una sola vez. La Ley de ventas a plazos es una ley japonesa que tiene como objetivo proteger a los clientes cuando pagan bienes o servicios a plazos; establece las normas que rigen las transacciones de crédito y las ventas realizadas en combinación con contratos de préstamo.

En los últimos años, se han producido innovaciones tecnológicas revolucionarias en el sector fintech. Aunque el entorno de nuestros sistemas de pago es cada vez más cómodo y práctico, también han surgido inquietudes en materia de seguridad. En este contexto, y con el objetivo de crear un entorno en el que los clientes puedan utilizar con confianza diversos métodos de pago, así como para dar cabida a nuevas tecnologías y servicios, se modificó la Ley de ventas a plazos en 2016 (con entrada en vigor en junio de 2018), seguida de otra modificación en 2020 (con entrada en vigor en abril de 2021).

En este artículo se ofrecen conocimientos fundamentales sobre la Ley de ventas a plazos, enmendada en 2016 y 2020, y se detallan los efectos de la ley enmendada en los vendedores particulares, los desafíos a los que se enfrentan los operadores de plataformas y los detalles de las obligaciones de gestión de comerciantes impuestas a los adquirentes.

Esto es lo que encontrarás en este artículo

• ¿Qué es la Ley de ventas a plazos?
  
• El impacto de la Ley de ventas a plazo en vendedores particulares (comerciantes) en las empresas de plataformas
  
• Refuerzo de la gestión de los comerciantes en virtud de la Ley de ventas a plazos
  
• Retos de gestión de los comerciantes para los operadores de plataformas
  
• Prácticas recomendadas relacionadas con el cumplimiento de la normativa para operadores de plataformas
  
• Cómo Stripe puede ayudar a abordar estos desafíos
  

¿Qué es la Ley de ventas a plazos?

Como se ha explicado anteriormente, la Ley de ventas a plazos es una ley diseñada para proteger a los clientes que realizan pagos a plazos para comprar bienes o servicios. En concreto, al establecer normas que regulan los contratos de crédito, como los relacionados con compras online con tarjeta de crédito mediante pagos renovables o pagos con bonificaciones, el objetivo es crear un entorno en el que los clientes puedan realizar pagos con tarjeta de crédito de forma segura.

Antes de la revisión de 2020 de la Ley de ventas a plazos, habían aumentado los casos de fraude con tarjetas de crédito debido a filtraciones de números de tarjetas en los comercios. Al mismo tiempo, a medida que las estructuras contractuales en las que participaban los proveedores de servicios de pago se convertían en algo habitual, se criticaba a los comerciantes que procesaban datos de tarjetas de crédito por su gestión y seguridad inadecuadas.

A su vez, se fueron introduciendo uno tras otro servicios de procesamiento de pagos innovadores y altamente funcionales desarrollados por diversas empresas fintech. Esto llevó a la expectativa de que el negocio de las infraestructuras de pago experimentaría un mayor crecimiento en el futuro.

Las modificaciones de 2020 a la Ley de ventas de plazos tenían como objetivo principal alcanzar estos tres objetivos:

• Reforzar la gestión de los comercios que aceptan tarjetas de crédito: Se estableció un sistema de registro para las empresas (como los adquirentes) que firman contratos que autorizan a los comercios a gestionar números de tarjetas y otros datos; en virtud de este sistema, ahora se exige a dichas entidades que investiguen y seleccionen a los comercios.

• Garantizar la gestión segura de la información de las tarjetas de crédito: Los comerciantes deben gestionar adecuadamente los datos confidenciales, como los números de las tarjetas, e implementar medidas de prevención del fraude. El objetivo es reducir el riesgo de fraude y crear un entorno más seguro para el uso de las tarjetas de crédito.

• Fomentar la entrada en el mercado de las empresas fintech: Anticipándose a una participación más activa de las empresas fintech en el futuro, se han tomado medidas para fomentar un entorno que favorezca su entrada en el mercado. Esto se ha hecho introduciendo un sistema que permite a las empresas fintech que ofrecen servicios de procesamiento de pagos obtener el mismo estatus de registro que los adquirentes.

El impacto de la Ley de ventas a plazo en vendedores particulares (comerciantes) en las empresas de plataformas

El impulso para reforzar la gestión de los comerciantes en virtud de la Ley de ventas a plazos se debe a varios factores. El principal de ellos es el uso cada vez mayor de diversos métodos de pago en prácticamente todos los canales de compra. Esta tendencia coincide con un aumento de la actividad fraudulenta y una proliferación generalizada de sitios de e-commerce. Con el objetivo de proteger a los clientes, la Ley de ventas a plazos adopta una política que exige a los adquirentes asumir la responsabilidad de la gestión de los comerciantes.

El papel del adquirente según la Ley de ventas a plazos

Las modificaciones de la Ley de ventas a plazos han introducido un sistema de registro para los adquirentes, así como para los proveedores de servicios de pago que desempeñan funciones equivalentes a las de un adquirente, que los designa como «empresas que celebran acuerdos relativos al procesamiento de números de tarjetas de crédito y otra información». Estas entidades están ahora obligadas a evaluar y gestionar de forma individual las operaciones comerciales y los riesgos de sus comerciantes.

Plataformas de e-commerce y de consumidor a consumidor (C2C)

En el caso de las empresas basadas en plataformas, en cada transacción, o bien el operador de la plataforma o bien uno de sus comerciantes actúa como vendedor y figura como comerciante registrado. Cuando son los propios comerciantes que utilizan la plataforma, y no el operador de la plataforma en sí, quienes venden o prestan bienes y servicios e interactúan directamente con los consumidores, basarse únicamente en el proceso de selección del operador de la plataforma no es suficiente para una gestión adecuada de los comerciantes. Por lo tanto, en el contexto del funcionamiento de las plataformas de e-commerce, es probable que los vendedores individuales (comerciantes) estén sujetos a un proceso de selección.

Incluso las personas que venden en plataformas C2C, como los mercadillos online, podrían estar sujetas a las disposiciones de la Ley de venta a plazos revisada. Por ejemplo, si el vendedor opera como autónomo, podría estar sujeto a un proceso de verificación como comerciante. Los criterios específicos de verificación para los autónomos incluyen datos como el nombre, la dirección y la fecha de nacimiento. Esta verificación de identidad es necesaria para garantizar la seguridad del sistema de pago.

Si el vendedor es un particular que no opera como empresario individual, por lo general no estará sujeto al proceso de verificación de comerciantes del adquirente. Sin embargo, el operador de la plataforma, como proveedor de la plataforma C2, podría estar sujeto a criterios de verificación adicionales. En otras palabras, dado que existen riesgos potenciales para los clientes independientemente de si el vendedor es una sociedad, un empresario individual o un particular, la capacidad de identificar a cada vendedor de forma individual es un elemento importante para garantizar la protección del consumidor.

Refuerzo de la gestión de los comerciantes en virtud de la Ley de ventas a plazos

La Ley de ventas a plazos exige que las entidades adquirentes refuercen sus sistemas de gestión de comerciantes en dos ámbitos concretos:

Medidas de seguridad obligatorias para los vendedores

Según la Ley de ventas a plazos, todos los comerciantes deben aplicar las siguientes medidas de seguridad para proteger los datos de las tarjetas de los clientes y evitar su uso fraudulento.

• No retención de datos de tarjetas: Por regla general, los comerciantes deben aplicar una política de no retención, lo que significa que no deben almacenar, procesar ni transmitir información de tarjetas de crédito en sus propios sistemas. Sin embargo, en caso de que retengan información, deben hacerlo de forma que cumpla con la norma PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

• Implementación de medidas de prevención antifraude:

  • Ventas presenciales (tiendas físicas): Los comerciantes deben instalar terminales de pago capaces de procesar tarjetas con circuito integrado (IC) y tomar medidas para evitar el uso de tarjetas falsificadas.
    
  • Ventas a distancia (aplicaciones, sitios de e-commerce, etc.): Para ayudar a prevenir el fraude con tarjetas de crédito, como el robo de identidad en línea, actualmente se exige a los comerciantes de Japón que implementen los protocolos de autenticación 3D Secure 2.0. Además, los comerciantes deben aplicar medidas de seguridad multifacéticas y por capas, como el uso de códigos de seguridad y sistemas de detección de fraudes.
    

Obligación mejorada de seleccionar y gestionar a los comerciantes

Uno de los puntos clave de las modificaciones de la Ley de ventas a plazos es la designación de los adquirentes y de determinados proveedores de servicios de pago como «empresas que celebran acuerdos relativos al tratamiento de números de tarjetas de crédito y otra información». Como consecuencia, se ha reforzado el proceso de selección y gestión de los comerciantes. A continuación se describe el proceso detallado de selección de comerciantes.

• Selección inicial (al firmar el contrato con el comerciante): Verificar la información básica del vendedor (por ejemplo, ubicación, representante, productos y servicios ofrecidos, métodos de venta, etc.) y confirmar que se han implementado correctamente las medidas de seguridad mencionadas anteriormente.
  
• Selección continua (una vez firmado el contrato con el comerciante): Tras la firma del contrato, se lleva a cabo una selección y supervisión continuas para garantizar que el vendedor sigue cumpliendo con las medidas de seguridad y para detectar cualquier posible problema, como fugas de información, uso fraudulento o transacciones maliciosas.
  
• Medidas adecuadas en función de los resultados de la evaluación: Si la evaluación revela problemas con un comerciante, se le debe ofrecer orientación para garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas. Si un comerciante no cumple con la orientación, o si parece poco probable que lo haga en el futuro, se deben tomar las medidas adecuadas, que podrían implicar la rescisión del contrato comercial.
  

Retos de gestión de los comerciantes para los operadores de plataformas

La Ley de ventas a plazos es una ley importante para la protección del consumidor. Sin embargo, también es cierto que las investigaciones individuales de cada vendedor pueden, en algunos casos, convertirse en un obstáculo para los operadores de plataformas que desean ofrecer servicios de venta a plazos.

Para garantizar la eficacia del proceso de verificación individual de comerciantes mencionado anteriormente, es necesaria una «consulta JDM» por parte del adquirente. JDM hace referencia al Sistema de Intercambio de Información sobre Comerciantes gestionado por la Asociación de Crédito de Japón. Este sistema registra información sobre los comerciantes involucrados en disputas con consumidores o implicados en transacciones fraudulentas. Cuando un adquirente evalúa a un proveedor específico para determinar su condición de comerciante y revisa el acuerdo contractual asociado, en la práctica está obligado a utilizar la información registrada en el JDM para identificar y excluir de forma proactiva a las empresas sin escrúpulos.

Sin embargo, los operadores de plataformas que no son adquirentes no tienen acceso directo al JDM, por lo que no pueden verificar de antemano si sus vendedores están registrados en el JDM. Por lo tanto, la verificación de los vendedores debe confiarse a los adquirentes, quienes asumen la responsabilidad legal, lo que inevitablemente crea un ciclo ineficiente que corre el riesgo de comprometer la experiencia del usuario de la siguiente manera:

Experiencia del usuario para comerciantes

Los adquirentes que procesan las transacciones de Visa y Mastercard son distintos de los que procesan las de JCB. En concreto, en el caso de Visa y Mastercard, estas transacciones las gestiona un único adquirente que no trabaja con otras marcas de tarjetas, mientras que, en el caso de JCB, la propia JCB es el único adquirente. Esto significa que cada adquirente debe realizar revisiones paralelas para un mismo comerciante, y que completar todas las revisiones requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo.

Sin embargo, hasta que no se complete el proceso de verificación, los vendedores no pueden empezar a operar como comerciantes. Por otra parte, por ejemplo, si Visa y Mastercard están disponibles pero la revisión de JCB aún está pendiente, la imposibilidad de ofrecer servicios de pago, salvo de forma parcial, podría suponer un obstáculo para el comerciante.

Experiencia del usuario para consumidores

Las plataformas de e-commerce, como los centros comerciales e-commerce, acogen a una gran variedad de comerciantes y, para los consumidores, la comodidad de poder comprar fácilmente lo que desean es una gran ventaja, pero, dado que los operadores de plataformas no tienen más opción que subcontratar la revisión y gestión de estos comerciantes a terceros, la imposibilidad de tomar la iniciativa en estas operaciones puede suponer una desventaja para ellos.

Por ejemplo, aunque estén en la misma plataforma, la Tienda A podría aceptar pagos con tarjetas JCB, mientras que la Tienda B quizá no. En este caso, no solo se verían comprometidas la coherencia y la comodidad de la plataforma, sino que también podría disminuir la confianza de los consumidores, lo que podría provocar la pérdida de clientes.

Stripe puede ayudarte a abordar estos desafíos con las dos medidas siguientes:

• Registro programático de comerciantes con los adquirentes: Al transmitir los datos de registro de forma electrónica, el proceso se puede completar rápidamente.
  
• Funcionalidad de facilitador de pagos propia de Stripe: Normalmente, los operadores de plataformas envían la información de los nuevos comerciantes a cada adquirente a través de archivos Excel, y los adquirentes dedican varios días a revisar estos datos, lo que requiere mucho tiempo y trabajo. Sin embargo, con Stripe, los comerciantes pueden integrar la funcionalidad de incorporación en sus propios sistemas utilizando las API propias de Stripe y componentes integrados o alojados, automatizando el proceso y permitiendo operaciones más fluidas.
  

Prácticas recomendadas relacionadas con el cumplimiento de la normativa para operadores de plataformas

Aunque la responsabilidad legal de la gestión de los comerciantes suele recaer en el adquirente, los operadores de plataformas también deben conocer las mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo, entre las que se incluyen las siguientes:

• KYC (Conocimiento del cliente): KYC significa verificación del cliente o verificación de la identidad. En este contexto, implica verificar que el vendedor es una entidad real y confirmar que no tiene vínculos con grupos antisociales. Dado que KYC también es un elemento clave de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, es importante comprenderla a fondo.

• Supervisión de transacciones fraudulentas: Es necesario implementar un sistema capaz de supervisar las transacciones diarias de la plataforma, detectar patrones de transacciones fraudulentas y tomar las medidas adecuadas cuando sea necesario.

• Gestión de los contracargos: es necesario procesar y gestionar los riesgos asociados a los contracargos (anulaciones de pagos) que surgen de problemas como el fraude con tarjetas de crédito.

Cómo Stripe puede ayudar a abordar estos desafíos

Como hemos visto, existen múltiples requisitos de gestión de los comerciantes según la Ley de ventas y exigen una supervisión estricta por parte del adquirente. Todo ello hace que sea extremadamente difícil para los operadores de plataformas gestionar todos estos requisitos por su cuenta. En particular, cuando se opera una plataforma de e-commerce con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario rápida y fluida, esta ley puede suponer un importante obstáculo operativo.

Stripe Connect es una plataforma de pagos creada en cumplimiento de la normativa y las leyes pertinentes, concebida como soporte al funcionamiento de las empresas de e-commerce. Con la implementación de Stripe Connect, las empresas pueden automatizar procesos de Onboarding como el registro de comerciantes, lo que les permite centrarse en el desarrollo de su empresa y crear una experiencia de usuario óptima.