La Ley de Blanqueo de Capitales de Alemania lucha contra el aumento del blanqueo de capitales tanto a nivel nacional como internacional. Su objetivo es proteger a las empresa, aunque estas también deben cumplir determinadas obligaciones para operar según estipula la legislación. En este artículo se explica qué es el blanqueo de capitales y en qué consiste la Ley de Blanqueo de Capitales. También indicamos a quién afecta, cómo son los últimos cambios y qué supone para las empresas.

¿De qué trata este artículo?

• ¿Qué es el blanqueo de capitales?
  
• ¿Qué es la Ley de Blanqueo de Capitales?
  
• ¿A quién afecta la Ley de Blanqueo de Capitales?
  
• ¿Qué obligaciones deben cumplir las empresas en virtud de la Ley de Blanqueo de Capitales?
  
• ¿Cuáles son las novedades de la Ley de Blanqueo de Capitales?
  

¿Qué es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales se describe como la canalización ilegal de dinero hacia ciclos financieros y empresariales lícitos. De este modo, se genera «dinero sucio» a través de la corrupción, el robo, la extorsión, el juego ilegal o el comercio de drogas y armas. El dinero se canaliza a través de diversas cuentas o empresas hasta que ya no es posible identificar de dónde procede o a quién pertenece.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) calcula que el volumen mundial de dinero blanqueado cada año oscila entre 800 000 millones y 2 billones de dólares. Se calcula que en Alemania se blanquean unos 100 000 millones de euros al año. Solo en 2022, la policía registró allí 22 614 casos de blanqueo de capitales. En Alemania, el número de casos de blanqueo de capitales ha aumentado sin cesar en los últimos años, en comparación con el descenso generalizado de la actividad delictiva.

El blanqueo de capitales no es solo un desafío económico que hay que tomarse en serio, sino también un importante riesgo para la seguridad, ya que proporciona a las organizaciones delictivas y a los terroristas los medios para financiar actividades ilegales. Para luchar contra el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada, muchos países introdujeron estrictos requisitos legales y mecanismos de control, que dan a las autoridades el poder de identificar, investigar y prevenir transacciones sospechosas. El blanqueo de capitales también es ilegal en Alemania y puede castigarse con una sanción monetaria o condena de prisión de hasta cinco años, según el artículo 261 del Código Penal alemán (StGB).

¿Cómo funciona el blanqueo de capitales?

La Oficina Federal de Investigación Criminal alemana divide el proceso de blanqueo de capitales en tres fases. En la primera fase, la «fase de colocación», el dinero ilegal se introduce por primera vez en los ciclos económicos legales con el depósito de grandes sumas de dinero en entidades de crédito, el uso de servicios de transferencia de dinero o la venta de bienes caros utilizando dinero en efectivo. En la segunda fase, la «fase de encubrimiento», se introducen transacciones complejas para ocultar el origen del dinero. Puede tratarse de la transferencia de dinero entre varias cuentas bancarias, países y divisas, la realización de transacciones falsas o el uso de sociedades pantalla. La ocultación tapa el vínculo de los fondos ilícitos con su origen. En la tercera fase, la «fase de integración», el dinero llega desde una fuente aparentemente legal de nuevo al ciclo económico, llegando en última instancia a los delincuentes. Los delincuentes pueden entonces utilizarlo como dinero obtenido legalmente para comprar propiedades u otros activos.

¿Qué es la Ley de Blanqueo de Capitales?

La Ley de Blanqueo de Capitales (GwG - Geldwäschegesetz) es una ley alemana que convierte el blanqueo de capitales en un delito penal que puede ser rastreado por las autoridades. Tiene un enfoque preventivo y exige a determinados grupos de personas, así como a los agentes económicos, especial cuidado y vigilancia para que el blanqueo de capitales pueda detectarse lo antes posible. La Directiva de la UE de lucha contra el blanqueo de capitales (AMLD) constituye la base de la GwG, que debe aplicarse en el contexto de las leyes nacionales. La primera Directiva AMLD se publicó en 1991. Desde entonces, esta se ha actualizado en numerosas ocasiones para adaptarla a la evolución de las prácticas y técnicas internacionales de blanqueo de capitales. El objetivo primordial de la AMLD y la GwG es prevenir las transacciones económicas anónimas y reducir el blanqueo de capitales. Además, pretenden evitar la financiación del terrorismo y la evasión fiscal.

¿A quién afecta la Ley de Blanqueo de Capitales?

La GwG afecta tanto a los particulares como a determinados agentes económicos. En el caso de los particulares, la GwG afecta sobre todo a los pagos y transacciones en efectivo. En Alemania, existe una asignación personal de 10 000 euros; si alguien desea transferir más a su cuenta, debe poder demostrar de dónde procede. Para los nuevos clientes, los bancos ya pueden exigir pruebas a partir de un importe de 2500 euros. En el caso de los particulares, la asignación personal de 10 000 euros también se aplica a la compra de bienes. Por ejemplo, si alguien quiere pagar 12 000 euros al contado por un coche, tiene que estar dispuesto a facilitar sus datos personales. Los vendedores también tienen que dejar constancia escrita de la transacción mediante un formulario.

Para evitar el blanqueo de capitales, la GwG aplica requisitos particulares a determinadas empresas y personas, que van mucho más allá del ámbito financiero. Los requisitos se enumeran en la sección 2.

Partes obligadas por la GwG del sector financiero:

• Entidades de crédito
  
• Entidades de servicios financieros
  
• Entidades de pago
  
• Entidades de dinero electrónico
  
• Agentes de servicios de pago y dinero electrónico
  
• Operadores comerciales independientes en el ámbito de los servicios de pago o el dinero electrónico
  
• Proveedores de monederos digitales y criptomonedas
  
• Sociedades financieras
  
• Intermediarios financieros y honorarios de inversión
  
• Empresas de seguros
  

Partes obligadas por la GwG del sector no financiero:

• Manipuladores de mercancías (comercio mayorista y minorista)
  
• Comerciantes de arte
  
• Distribuidores de arte
  
• Agentes inmobiliarios
  
• Corredores de seguros
  
• Auditores
  
• Contables
  
• Administradores
  
• Sociedades de gestión de inversiones financieras
  
• Proveedores de servicios para empresas
  
• Auditores y agentes fiscales
  
• Abogados
  
• Asesores jurídicos
  
• Asesores jurídicos de cámaras
  
• Abogados de patentes
  
• Notarios
  
• Organizadores y agentes de juegos de azar
  

Las empresas afectadas deben abordar en profundidad la normativa sobre blanqueo de capitales para comprobar qué obligaciones deben cumplir en sus relaciones comerciales con sus clientes. Esto también es por su propia protección; los delincuentes no solo utilizan indebidamente a las grandes empresas internacionales para el blanqueo de capitales, sino que también abusan de las pequeñas y medianas empresas. Los sectores en los que los bienes suelen adquirirse utilizando grandes sumas de dinero en efectivo, como joyerías, relojerías, comerciantes de artículos de lujo, automóviles, electrónica de entretenimiento y arte y antigüedades, están especialmente en el punto de mira.

¿Qué obligaciones deben cumplir las empresas en virtud de la Ley de Blanqueo de Capitales?

Según la Ley contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) de EE. UU., las empresas deben adoptar una serie de medidas para prevenir el blanqueo de capitales. Por un lado, estas medidas incluyen una gestión eficaz del riesgo, que debe ser adecuada al tipo y alcance de la actividad empresarial. Por otro lado, esto incluye una serie de obligaciones de diligencia debida que siguen el principio de «conocimiento del cliente» (KYC, por sus siglas en inglés):

Medidas de gestión de riesgos exigidas:

• Realización, documentación y actualización periódica de un análisis de riesgos minucioso, completo y adecuado de los socios
  
• Aplicación de medidas de seguridad individuales, de empresa o internas derivadas del análisis de riesgos
  
• Establecimiento de un mecanismo de control adecuado
  
• Información periódica a la plantilla en cuanto al blanqueo de capitales
  
• Posibilidad de nombrar a un responsable de blanqueo de capitales y a sus adjuntos
  
• Cumplimiento de los requisitos de registro y conservación: los documentos de identificación deben copiarse o registrarse digitalmente
  

Obligaciones de diligencia debida para las empresas:

• Identificación clara del socio contractual o de la persona que actúa en su nombre
  
• Revisión de las relaciones entre agencias
  
• Obtención y evaluación de información sobre la finalidad y el tipo de relación comercial prevista
  
• Aclaración de si el dinero procede de una persona expuesta políticamente (PEP)
  
• Supervisión continua de las relaciones y transacciones comerciales
  
• Notificación de indicios de actividades ilegales a la Oficina Central de Investigación de Transacciones Financieras o Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante la aplicación «goAML»
  
  • Depósitos en efectivo superiores a 10 000 euros
    
  • Transporte o almacenamiento de grandes cantidades de dinero en efectivo
    
  • Consentimiento rápido a malas condiciones de inversión
    
  • Pruebas de cuentas múltiples en el mismo banco o en otros bancos
    

Las empresas que no informen de actividades sospechosas o hagan caso omiso de la normativa sobre blanqueo de capitales se enfrentan a multas elevadas. Según el artículo 56 de la GwG, el marco jurídico prevé multas de hasta 150 000 euros en muchos casos. En caso de infracciones graves, reiteradas y sistemáticas, pueden imponerse multas de hasta 5 millones de euros (o el 10 % del volumen de negocios del año anterior). Además, las autoridades supervisoras y administrativas responsables tienen derecho a hacer públicas en su propio sitio web las decisiones finales sobre multas (es decir, a publicar los nombres de los infractores).

¿Qué cambia en la Ley de Blanqueo de Capitales de 2022?

Las tecnologías innovadoras han abierto nuevas oportunidades para el blanqueo de capitales, que los delincuentes están aprovechando. Es importante adaptar continuamente la situación jurídica a las nuevas exigencias. Esto ocurre tanto a nivel de la UE, como ha ocurrido recientemente con la sexta edición de la directiva sobre blanqueo de capitales (AMLD6) que entró en vigor en 2020, como a nivel nacional con la GwG, actualizada y ampliada periódicamente. Entre las adiciones más recientes figura la ley para mejorar la lucha penal contra el blanqueo de capitales, que pretende simplificar el enjuiciamiento para las autoridades. Además, las criptomonedas y las empresas de servicios financieros correspondientes están sujetas a la Ley de Blanqueo de Capitales.

Otra adición importante a la GwG es la Ley de Registro de Transparencia e Información Financiera (TraFinG), que entró en vigor el 1 de agosto de 2021. Esta establece que todas las empresas, clubes, asociaciones, fundaciones y otros actores estén obligados a transmitir los datos de sus beneficiarios efectivos al registro de transparencia. El registro de transparencia obliga a la mayoría de las empresas alemanas a comunicar datos específicos, como la revelación de los beneficiarios efectivos, con el fin de exponer su estructura empresarial, propiedad, flujo de caja y supervisión. Esto debería permitir conectar el registro de los Estados miembros de la UE y simplificar el enjuiciamiento a nivel europeo según los datos de todas las empresas notificables. El incumplimiento de la obligación de informar al registro de transparencia está sujeto a elevadas multas de la Oficina Federal de Administración. Las sociedades unipersonales, las sociedades anónimas y las sociedades privadas no están obligadas a introducir estos datos. Entretanto, la consulta completa del registro de transparencia solo está permitida a determinadas autoridades: desde noviembre de 2022 no se permite el acceso público sin restricciones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidió que la inspección solo está permitida si existe un interés legítimo, y esto puede comprobarse previa solicitud.