Año tras año aumenta la cifra de inspecciones que lleva a cabo la Agencia Tributaria (AEAT); por ejemplo, solo en 2022, las actuaciones de control de la Agencia Tributaria aumentaron en un 7,6 %. Si bien la mayoría de esas inspecciones están relacionadas con la economía sumergida y los datos fiscales de grandes patrimonios o empresas, este incremento es una muestra de las diversas medidas que la Agencia Tributaria española ha puesto en marcha para reducir el fraude en el país.

España es un país con una larga tradición de uso del dinero en efectivo. Según Funcas (el centro de análisis de la Confederación Española de Cajas de Ahorros), en noviembre de 2023, el 61 % de los pagos en España seguían realizándose en efectivo. Para regular —entre otras tácticas fraudulentas— la «contabilidad en B» que suele ir asociada a los pagos en efectivo, el 9 de julio de 2021 se aprobó la Ley 11/2021, conocida como ley antifraude. Veamos qué novedades introduce esta ley y cómo pueden afectar a tu negocio.

Esto es lo que encontrarás en este artículo:

• ¿Qué es la ley antifraude?
  
• ¿Qué objetivos persigue la ley antifraude?
  
• ¿Qué medidas incluye la ley antifraude?
  
• ¿Cuándo entra en vigor la ley antifraude?
  
• ¿Cómo afecta la ley antifraude a la facturación electrónica?
  
• ¿Cómo afecta la ley antifraude a los pagos en efectivo?
  

¿Qué es la ley antifraude?

La Ley 11/2021 —que, como hemos indicado más arriba es conocida popularmente como la ley antifraude— es una normativa que trajo consigo multitud de cambios aplicados a la Ley General Tributaria. Si bien la mayoría de las modificaciones fueron de carácter fiscal, también introdujo otras medidas que analizaremos más adelante. Esta ley gira en torno a tres pilares principales:

• Adaptar la legislación española a la europea en lo que respecta a la elusión de impuestos
  
• Cambiar la regulación para que sea más justa en términos tributarios
  
• Establecer un control del fraude más activo y efectivo
  

Además, esta ley pretende dotar de los recursos necesarios a tres instituciones en concreto: los Tribunales Económico-Administrativos, la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria. Desde la aprobación de la ley antifraude, esas entidades que conforman la Administración Tributaria del Estado han experimentado grandes mejoras a nivel operativo y organizativo, por lo que ahora los objetivos que persigue la Ley 11/2021 son más asequibles.

¿Qué objetivos persigue la ley antifraude?

Aunque antes hemos hecho referencia a los tres pilares de la ley antifraude, estos se subdividen en una serie de objetivos:

• Disminuir el porcentaje de fraude fiscal que, según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, en España alcanza el 25 % del producto interior bruto (PIB).
  
• Aumentar la transparencia de las operaciones comerciales.
  
• Luchar activamente contra los paraísos fiscales.
  Mejorar la equidad a la hora de aplicar impuestos a los obligados tributarios sin que la carga fiscal pueda llegar a considerarse confiscatoria.
  
• Establecer un mayor control sobre las criptomonedas y los grandes patrimonios (tanto para las personas que gestionan dichos patrimonios, como para sus familias y círculos sociales).
  

¿Qué medidas incluye la Ley Antifraude?

Como acabamos de ver, la lista de objetivos es extensa y ambiciosa. Veamos cuáles son las medidas que incorpora la Ley Antifraude para cumplir con su propósito:

• Limitar el uso del dinero en efectivo: La AEAT quiere reducir drásticamente el uso de efectivo en España para que el fraude relacionado con este tipo de pagos también disminuya. En la última sección de este artículo, tienes todos los cambios que introduce la ley antifraude en materia de pagos en efectivo.
  
• Aplicar sanciones más disuasorias: La Administración Tributaria del Estado entiende que algunas sanciones aplicadas antes de la ley antifraude no tenían todo el efecto disuasorio que cabría esperar. Es por este motivo que una de las medidas de la Ley 11/2021 consiste en aumentar la cuantía de determinadas multas.
  
• Ampliar la definición de «paraíso fiscal»: Antes de la aprobación de la ley antifraude, había algunos países que, a pesar de no poder considerarse paraísos fiscales como tal, no eran transparentes ni equitativos fiscalmente. La ley antifraude amplía la definición de paraísos fiscales, que pasan a considerarse «jurisdicciones no cooperativas». Por ejemplo, ahora se incluyen ciertos lugares del mundo en los que se permite crear empresas que, a pesar de no tener una actividad económica tangible, proporcionan abundantes beneficios, además de los países cuyos impuestos son inexistentes o extremadamente reducidos.
  
• Introducir cambios relativos al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF): La ley antifraude aplica la transparencia fiscal internacional para evitar que las empresas evadan impuestos en España con las operaciones que tienen lugar en otros países. En este sentido, es una buena decisión unificar todos tus ingresos en una misma plataforma de pagos como Stripe. Con Stripe, puedes aceptar pagos con los métodos preferidos por tus clientes, en 195 países y con más de 135 divisas. Además, gracias a los informes automatizados, el cierre contable es mucho más sencillo y se reducen las posibilidades de cometer algún error manual.
  
• Aplicar varios requisitos para considerar legal un software de facturación electrónica: Antes de la aprobación de la Ley 11/2021, algunas empresas utilizaban programas de contabilidad que permitían tener una doble contabilidad, por lo que la transparencia de sus finanzas dejaba mucho que desear. Sin embargo, la ley antifraude pretende acabar con este tipo de software y, a partir de ahora, se considerará ilegal, por lo que se impondrán duras sanciones a quienes hagan uso de programas que no reúnan los requisitos establecidos por la ley.
  

¿Cuándo entra en vigor la ley antifraude?

La ley antifraude entró en vigor en julio de 2021, aunque algunos de sus apartados y disposiciones adicionales (como la valoración de los bienes inmuebles según el catastro) no tuvieron efecto hasta enero de 2022. Del mismo modo, las medidas tributarias empezaron a aplicarse en los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2022.

La fecha límite para implementar un software de facturación electrónica que reúna las características que define la ley antifraude es el 1 de julio de 2025.

¿Cómo afecta la ley antifraude a la facturación electrónica?

Veamos los requisitos que exige la ley antifraude para considerar legal un software de facturación y las nuevas medidas que introduce en materia de facturación electrónica.

Requisitos para considerar legal un software de facturación electrónica

La ley Crea y Crece obliga a las empresas y a los autónomos registrados en España a emitir facturas electrónicas, aunque, antes de elegir su software, deberán asegurarse de que cumplen con los requisitos que introduce la ley antifraude para considerarlo legal:

• Posibilidad de remitir constantemente información tributaria (en concreto, los registros de las facturas) a través del sistema VERI*FACTU. La transmisión de dichos documentos ha de ser segura y llevarse a cabo de manera automática, sin ningún tipo de intervención manual.
  
• Cada vez que tiene lugar una venta de producto o una contratación de servicio, el programa ha de crear un registro de alta de la facturación. Este registro nunca puede generarse después de la transacción, sino que debe hacerse al mismo tiempo o justo antes de que se lleve a cabo.
  
• Los datos confidenciales que no estén relacionados con el patrimonio han de permanecer separados de los datos relevantes a nivel tributario. De esta manera, cuando la AEAT se vea obligada a analizar estos últimos contenidos, lo podrá hacer de manera directa, rápida y sencilla.
  
• Todos los registros de facturación tienen que encadenarse con una secuencia que dé a entender cuándo se creó el primero y la fecha en la que se generó el último de ellos.
  
• Un registro automático debe anotar cualquier tipo de acción que se lleve a cabo en el sistema (incluidos los inicios de sesión o las actualizaciones del software).
  
• El software debe garantizar la integridad de los registros de facturación y no deben poderse manipular los datos que ya estén registrados en el programa. Una vez se haya incluido un dato en el software, debe quedar protegido.
  

¿Qué prohíbe la ley antifraude en materia de facturación electrónica?

En base a la ley antifraude, las empresas y los autónomos en España tienen prohibidas las siguientes acciones:

• Hacer uso de un software que permita tener una «contabilidad en B». Los programas de doble contabilidad están especialmente perseguidos por la Ley 11/2021.
  
• Modificar la información de las facturas.
  Incluir en el registro de facturación cualquier transacción que no haya tenido lugar.
  
• No incluir facturas en el registro (tanto si se omiten parcialmente o en su totalidad).
  
• Disponer de soluciones de facturación electrónica que no cuenten con el debido certificado. El simple hecho de disponer de ellas, aunque no se utilicen activamente, puede considerarse un hecho punible.
  

En lo que respecta a las empresas comercializadoras de este tipo de soluciones informáticas, la ley antifraude les prohíbe:

• Vender programas no certificados.
  
• Exceder el plazo de julio de 2025 para adaptar sus programas a los requisitos de la Ley 11/2021.
  

Sanciones aplicables en caso de cometer una ilegalidad

Para que las sanciones tengan el suficiente poder disuasorio, la Agencia Tributaria será muy rigurosa a la hora de aplicarlas. Las infracciones más severas podrían llegar a considerarse un delito grave aunque, en la mayoría de los casos, las ilegalidades se saldarán con multas que multiplicarán la cuantía determinada (que oscila entre los 50.000 y los 150.000 €) por cada ejercicio en el que hayan tenido lugar.

Para las empresas comercializadoras del software, la sanción por ofrecer un producto que no haya recibido la correspondiente certificación será de 1.000 € por cada licencia vendida.

¿Cómo afecta la ley antifraude a los pagos en efectivo?

Para fomentar la facturación electrónica y conseguir que las empresas cumplan los requisitos de la UE, la ley antifraude introduce una medida que afecta directamente a los pagos en efectivo.

Su predecesora (la Ley 7/2012) introdujo un máximo de 2.500 € para los pagos en efectivo que ya obtuvo buenos resultados en la lucha antifraude. La ley antifraude lleva esta medida un paso más allá y reduce el montante a 1.000 € (o su equivalente en otras divisas). Conviene destacar que este límite solo se aplica si una de las partes implicadas es un profesional o una empresa.

Los cambios relacionados con la facturación electrónica y el software de contabilidad, así como las modificaciones relacionadas con las operaciones en efectivo, supondrán un antes y un después en la lucha contra el fraude. Aunque no es un conjunto normativo tan complejo como muchas otras leyes fiscales, introduce nuevos requisitos que afectarán al proceso de digitalización de muchas empresas.